Uso de redes sociales y medios de comunicación para enfrentamientos políticos: daños y consecuencias para funcionarios y autoridades electas

POR SANTOS VÁSQUEZ.

La creciente tendencia de *políticos, funcionarios del gobierno central y autoridades electas por voto popular* a utilizar las *redes sociales y los medios de comunicación* para enfrentar, “chismear” y lanzar *acusaciones alegres* contra dirigentes de sus propios partidos, personas particulares y sectores productivos de sus provincias, está generando un *costo político, institucional y social* cada vez más evidente, según analistas y dirigentes consultados.

Daño a la credibilidad y al capital político

Cuando un funcionario o alcalde recurre al escándalo digital para atacar a compañeros de partido o a ciudadanos de su demarcación, *la primera víctima es su propia credibilidad*. La población percibe estas acciones como falta de madurez y de agenda de gestión. A mediano plazo, el político pierde la confianza del electorado que lo eligió y reduce su capacidad de convocatoria, incluso dentro de su organización.

Fractura interna en los partidos

Las acusaciones públicas contra dirigentes del mismo partido *profundizan divisiones*, debilitan la cohesión interna y entorpecen el trabajo de las estructuras locales. En año preelectoral, estos enfrentamientos facilitan el trabajo a la oposición y complican las posibilidades de repostulación o de respaldo a otros candidatos de la organización.

Deterioro de la relación con sectores productivos

Cuando las críticas o “chismes” se dirigen a *productores, comerciantes, empresarios o gremios* de la provincia que representan, las autoridades electas *cierran puertas al diálogo*. Los sectores productivos tienden a retirar el apoyo a proyectos conjuntos, ferias, mesas de trabajo y programas de inversión social. Esto retrasa obras, empleos y desarrollo local, afectando directamente a las comunidades que los eligieron.

Riesgo legal y judicialización de la política 

Las llamadasacusaciones alegres sin sustento probatorio exponen a funcionarios y alcaldes a demandas por difamación e injuria, contempladas en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal, varios juristas advierten que una querella de un ciudadano o empresario afectado puede terminar en condenas, multas y hasta inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Desgaste institucional y distracción de la gestión

El uso de plataformas para confrontaciones personales  desvía la atención de los problemas reales  de la provincia: agua, electricidad, salud, caminos vecinales y seguridad.

Mientras el funcionario o la autoridad electa por el voto popular consume tiempo en responder o atacar en redes, se paralizan gestiones ante el gobierno central y se deteriora la percepción de eficiencia.

Efecto “boomerang en la opinión pública

En la era digital, los ataques virales generan respuestas inmediatas. Los ciudadanos y medios locales documentan, archivan y replican cada declaración. Esto provoca un *efecto boomerang*: lo que se dijo para desacreditar a otro, termina usado en su contra en campañas futuras. El electorado de hoy castiga la confrontación estéril y premia las propuestas.

Llamado de sectores de la sociedad civil

Dirigentes comunitarios de provincias como *Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez, han pedido a sus representantes “bajar el tono” y retomar el debate de ideas. “Necesitamos autoridades que gestionen, no que vivan en pleitos de Facebook” otras redes sociales y en los medios, señaló un presidente de junta de vecinos.

Expertos en comunicación política recomiendan a los funcionarios *usar las redes para rendir cuentas, anunciar obras y educar*, y canalizar las diferencias internas a través de los organismos partidarios o los tribunales correspondientes, evitando exponer conflictos que solo dejan *perdedores*: el político, el partido y la provincia.