Enfrentamientos de funcionarios y autoridades electas por el voto popular con la prensa en redes y medios: un desgaste que pasa factura política

POR SANTOS VÁSQUEZ. 

El uso de las redes sociales y de los medios de comunicación como escenarios de pleitos y enfrentamientos verbales entre funcionarios públicos, alcaldes, diputados y senadores de La República Dominicana, con periodistas y comunicadores  se ha convertido en una práctica recurrente.

Sin embargo, especialistas en comunicación política y dirigentes sociales advierten que esa conducta genera consecuencias negativas tanto en la imagen institucional como en el capital político de alcaldes, diputados, senadores y funcionarios del gobierno central.

Cabe resaltar que la mayoría de funcionarios del gobierno central, alcaldes, diputados y senadores de toda la geografía nacional no cuentan con un equipo de profesionales de la comunicación en materia de asesoría y en ocasiones algunos no aceptan ni cumplen con una asesoría debido a su terquedad y comportamiento extraño.

Desgaste de la imagen y pérdida de credibilidad

Cuando un funcionario responde con ataques, descalificaciones o ironías a un comunicador, el debate deja de centrarse en la gestión y pasa a la confrontación personal. Eso, según analistas, proyecta una figura reactiva, intolerante y poco institucional.

“El ciudadano no vota por quien mejor insulta en Twitter, Facebook o en los medios de comunicaciones, vota por quien resuelve. Y cuando un alcalde o un legislador se enfrasca en pleitos, pierde autoridad moral para exigir respeto a su trabajo”, explicó un consultor político de la región Noroeste.

Desvío del debate público

Los enfrentamientos ocupan titulares, programas y portales, pero desplazan los temas que realmente importan: obras, salud, educación, seguridad y empleo.

De esa forma, el funcionario o la autoridad electa pierde la oportunidad de comunicar logros y agendas, y termina siendo noticia por el conflicto, no por la gestión.

Quiebre de puentes con la opinión pública local

Los comunicadores, periodistas y dueños de medios son, antes que nada, ciudadanos. Tienen derecho al voto, a militar en el partido político que prefieran y a sumarse o no a los proyectos municipales, legislativos y presidenciales.
Atacarlos públicamente no solo genera rechazo en el gremio, sino también en sus comunidades, familias y seguidores. Ese desgaste se traduce en menos cobertura positiva, menos entrevistas y más escrutinio crítico.

Impacto en la gobernabilidad

Un funcionario en conflicto permanente con la prensa encuentra más obstáculos para explicar sus decisiones. Las convocatorias tienen menos asistencia, las declaraciones se tergiversan y crece la desconfianza.

En el caso de alcaldes y legisladores, eso dificulta la aprobación de proyectos en los concejos, en el Congreso o el respaldo ciudadano para iniciativas locales.

Efecto en los procesos internos de los partidos

En año preelectoral, como el que se aproxima de cara al 2028, los pleitos públicos pesan. Las direcciones políticas miden disciplina, capacidad de diálogo y manejo de crisis. Un funcionario, alcalde, diputado o senador que vive enfrentado con comunicadores es visto como un pasivo electoral, porque polariza y resta en lugar de sumar.

Consecuencias legales y éticas

Si en el intercambio se incurre en difamación, injuria o uso indebido de recursos públicos para atacar, el funcionario o la autoridad electa se expone a demandas y a procesos disciplinarios dentro de su propia organización política.

Los comunicadores también son ciudadanos

Es importante destacar que los periodistas y comunicadores no dejan de ser ciudadanos por ejercer la profesión. Tienen los mismos derechos y deberes: votan, pagan impuestos, pueden pertenecer al partido político que elijan y tienen la libertad de apoyar o no los proyectos municipales, legislativos y presidenciales que consideren correctos.
Su rol es fiscalizar, preguntar e informar. Coincidir o no con un gobierno no los inhabilita para ser tratados con respeto institucional.

Recomendaciones desde la comunicación política
Expertos sugieren a los funcionarios tres rutas:

Canalizar las diferencias por la vía institucional: derecho a réplica, notas aclaratorias y ruedas de prensa.

Separar lo personal de lo público: responder a la información, no al mensajero.

Usar las redes para comunicar gestión, no para pleitos: el algoritmo premia el conflicto, pero el electorado premia los resultados.

En definitiva, el pleito en redes sociales y medios de comunicaciones puede dar “likes”  crear sonidos por 24 horas, pero cobra factura en votos, en alianzas y en gobernabilidad.

En política, la forma también es fondo. Y un funcionario que se gasta en enfrentamientos con la prensa termina dejando de hablarle al pueblo para hablarle solo a su enojo.

En esta publicación cabe resaltar las buenas relaciones con comunicadores  que por años mantuvieron y han mantenidos políticos de diferentes partidos de la provincia de Montecristi, exfuncionarios, exsenadores, exdiputados, excaldes, exgobernadores y de la actualidad tales como Félix Cabreja, Inocencio Peña, el doctor Juan Enriquez Kunhardt, Heinz Vieluf, Tito Bejaran, Isidro Flores, Alejandro Toribio, Saida Tejeda, Amalia Grullón, Marcos Jorge, Felicia Castillo, Moreno Arias, Erodis Díaz, Rafael Abel, Nelsy Cruz, Humberto Liriano Baby, Luis Méndez, Luisito Méndez, Nachito Martínez, Rosendy Polanco, Johanny Martínez,  Santiago Caba, Winston Álvarez, Jesús Jerez, Verni Jiménez entre otros.