A un año de gobierno de Luis Abinader destacan rol Ministerio Público

En el programa de gobierno que ofertó el presidente Luis Abinader  estaba escrito un ministerio público independiente, planteado con la promesa de impregnar una verdadera autonomía a las actuaciones del  órgano responsable de la investigación y persecución de los delitos penales.

En la campaña electoral del 2020, el entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ofreció que,  de ganar  los comicios, designaría al frente de la Procuraduría General de la República, cabeza del ministerio público, a personas sin vinculación política partidista, para marcar una línea divisoria entre las acciones del Poder Ejecutivo, que en ese momento él aspiraba a dirigir,  y las del  ministerio público.  

La tarde del 16 de agosto del 2020,  a pocas horas de ponerse  la banda presidencial,  Abinader  estaba juramentando  a  la expresidenta  de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Miriam Germán Brito, como procuradora general de la República,   y como procuradora adjunta   a la exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

 “Quiero decirles especialmente a ustedes dos que a partir de hoy  solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes, tienen total independencia de acción para sus funciones”, fue el mensaje que les dirigió el mandatario al momento de juramentarlas.

Germán Brito había concluido una carrera en la judicatura de más de 40 años, y Reynoso se desempeñaba como procuradora adjunta de la corte de apelación penal del Distrito Nacional, a donde fue ascendida luego de dirigir la fiscalía de esta misma demarcación.  La capacidad y el trabajo desempeñado por ambas damas en sus respectivas áreas fueron  reconocidos por la sociedad, que incluso, ha valorado su designación de forma positiva. 

En abril de 2020, en  una entrevista concedida a Listín Diario,  ocho meses después de asumir el cargo,  Germán Brito asintió  que se consideraba una procuradora independiente, y negó que  el presidente Abinader haya interferido en sus actuaciones.null

En esa oportunidad aclaró que   aunque fue el pre¬sidente Abinader quien la designó, no había recibido la primera insinua¬ción de él respecto a deter¬minado caso bajo investiga¬ción, o en litigación. 

 Acciones del mandatario para garantizar independencia

En su empeño por demostrar que hay un ministerio público independiente, el presidente Abinader ha rehusado opinar sobre los sometimientos judiciales que ha hecho la Procuraduría.

“No me puedo involucrar en los temas del Ministerio Público”, acotó en noviembre del 2020.null

Luego, el 11 de febrero de 2021 afirmó que hay una justicia independiente y que por ello desconoce las actuaciones del ministerio público. 

Funcionamiento

Abinader cumplió su promesa, al menos en lo funcional y administrativo. Lo legal es una tarea pendiente.   

Para dotar el ministerio público de una independencia plena se requiere una reforma constitucional.

Aunque para ser procurador o adjunto se exigen las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la constitución establece que deben ser nombrados por el presidente de la Republica tanto el procurador general como siete de sus adjuntos. null

Diferente a los jueces de la SCJ, que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), conformado por representantes de los tres poderes del Estado.

El ministerio público está definido en la constitución como el órgano del sistema de justicia responsable de implementar  la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal  y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

La constitución le confiere autonomía  funcional, administrativa y presupuestaria.null

Retos

La cantidad de casos de forma paralela que ha sometido el ministerio público ha puesto a prueba su capacidad en términos de recursos humanos, técnicos y de logística.

Por primera vez se ventilan tantos expedientes de corrupción al mismo tiempo.

Incluso, hay que recordar  que esa carga de expedientes provocó errores materiales en la instancia de medida de coerción a los implicados en  la operación Medusa, en la que se repitieron páginas de la  Operación 13, sobre fraude en la Lotería Nacional.null

Esto  fue visto por la defensa de los imputados como una debilidad, aunque esto no influyó en la decisión, ya que finalmente la jueza Kenya Romero impuso medida de coerción.  Fue atribuido a un error material en el escaneo de las páginas. 

Los 5 grandes casos   

A pocos meses de asumir  las actuales autoridades del ministerio público,  en octubre del 2020, las autoridades de la dirección nacional de  persecución y de la procuraduría anticorrupción iniciaron  una serie de interrogatorios   que se extendieron a funcionarios del pasado gobierno y  de la presente administración.  El tema que motivó las indagaciones fueron las declaraciones juradas de bienes,  iniciadas en octubre del 2020 por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el procurador anticorrupción, Wilson Camacho.null

En la lista de los primeros interrogados estuvieron la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.

Luego continuaron requiriendo la presencia de funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, entre ellos el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, y la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris  Guaba.  null

También fueron interrogados el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, el exasistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz, miembros de la pasada gestión de la Cámara de Cuentas, entre ellos su entonces presidente Hugo Álvarez Pérez, y otros que posteriormente fueron sometidos a la justicia y se encuentran con medidas de coerción.

Arrancan operaciones

Cinco grandes casos de presunta corrupción administrativa y otros delitos asociados, como el lavado de activo, fueron puestos en marcha durante el primer año de la actual gestión de la Procuraduría y del gobierno del Presidente Abinader. Estas operaciones fueron denominadas Antipulpo, Coral, Caracol, 13 y Medusa.