En caso de corrupción de un hermano del expresidente Danilo Medina Ministerio Público busca aumentar penas y condenas

El Ministerio Público busca que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque las sentencias absolutorias y aumente las penas a los condenados en el proceso por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros procesados por un presunto entramado que habría distraído más de RD$5,000 millones del erario.

La procuradora de corte y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que el órgano acusador procura sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos establecidos durante el proceso.

“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados”, afirmó Ortiz, quien consideró insuficientes las sanciones dictadas en primera instancia, ante el impacto social atribuido a los hechos.

AUDIENCIA FUE SUSPENDIDA

Ortiz, quien participa en el proceso junto al director general de Persecución, Wilson Camacho, y los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, informó que la audiencia prevista para este martes fue suspendida luego de que uno de los imputados presentara una licencia médica.

La nueva audiencia fue fijada para el martes 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana. Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel dispusieron que las vistas se celebren los martes, de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Ortiz manifestó que el Ministerio Público está preparado para responder los recursos y expresó su expectativa de que el proceso de apelación avance con rapidez, debido a que los hechos y las pruebas ya fueron examinados durante el juicio de primera instancia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Juan Alexis Medina Sánchez, quien es hermano del expresidente de la Republica, Danilo Medina, a siete años de prisión, tras declararlo culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.

También fueron condenados José Dolores Santana Carmona, a seis años de prisión, y Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y Paola Mercedes, a cinco años.

En virtud de un acuerdo con el Ministerio Público, Víctor Matías Encarnación Montero fue condenado a cinco años de prisión, pena que fue suspendida bajo determinadas reglas de conducta, además del pago de una multa de RD$500,000 y las costas penales.
Asimismo, Medina Sánchez, Santana Carmona, Méndez Pineda, Mercedes y Alcántara Batista, junto con varias empresas, fueron condenados al pago de RD$500 millones al Estado dominicano.

MINISTERIO PÚBLICO SOSTIENE ACUSACIÓN

De acuerdo con la acusación, Medina Sánchez habría utilizado distintas empresas para obtener contratos públicos en violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El expediente señala operaciones relacionadas con el Ministerio de Salud Pública, particularmente medicamentos de alto costo y equipamiento hospitalario; el Ministerio de Obras Públicas, mediante la adquisición de material asfáltico; la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), y la Policía Nacional, específicamente en contratos de combustible por más de RD$220 millones.

En este último caso, el tribunal estableció irregularidades vinculadas a la empresa Fuel American, al determinar que no cumplía con requisitos básicos para participar en el proceso de contratación. También verificó afectaciones en diferentes estaciones de combustible de la Policía Nacional por un monto superior a RD$32 millones.

Durante la lectura de la sentencia, las juezas calificaron de “asombrosas” las anomalías identificadas en las operaciones relacionadas con la Policía Nacional.

El tribunal también estableció que se produjeron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y rechazó los planteamientos para excluir pruebas presentadas por el Ministerio Público, al considerar que fueron obtenidas respetando el debido proceso.

En primera instancia también fueron absueltos varios de los acusados, entre ellos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar y Lina Ercilia de la Cruz Vargas, entre otros.

El recurso de apelación presentado por las partes busca ahora que la Corte de Apelación revise las decisiones adoptadas por el tribunal de primera instancia y determine si corresponde mantener, modificar o revocar las condenas y absoluciones dictadas.