Sobre la actuación policial en Montecristi y el respeto al Estado de derecho
Por Héctor Rafael Marrero, abogado.
Como ciudadano y como abogado, resulta ineludible manifestar la seria preocupación que ha generado en la sociedad de Montecristi la conducta adoptada por el coronel de la Policía Nacional Dominicana destacado en esta demarcación, cuyas actuaciones han sido percibidas como contrarias a los principios elementales del Estado social y democrático de derecho.
De manera reiterada se ha denunciado que ciudadanos de conducta conocida, personas trabajadoras y residentes habituales del municipio están siendo requeridos de forma indiscriminada para la presentación de su cédula de identidad, tratados como sospechosos sin causa objetiva, y en algunos casos detenidos sin que medie una razón legal suficiente ni vinculación comprobable con la comisión de un hecho punible.
Más grave aún resulta la queja generalizada de que el simple ejercicio del derecho a preguntar o dialogar con los agentes actuantes es interpretado como una supuesta falta de respeto a la autoridad, lo que evidencia una concepción errada del ejercicio del poder público y un preocupante desconocimiento de los límites que impone la Constitución y las leyes.
La función policial, conforme al ordenamiento jurídico vigente, no puede sustentarse en prácticas intimidatorias, arbitrarias o discrecionales. El control preventivo, las detenciones y cualquier restricción a la libertad personal deben estar siempre fundamentadas en criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, principios que parecen estar siendo vulnerados.
La autoridad no se legitima por la fuerza ni por el temor que inspire, sino por el respeto a la ley, al debido proceso y a la dignidad de las personas. Actuar “a la antigua usanza”, con prepotencia y abuso, no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que constituye una infracción directa al modelo democrático que rige nuestra República.
Montecristi no reclama impunidad, reclama legalidad. No exige debilidad institucional, exige autoridad ejercida dentro del marco constitucional.
Corresponde a las instancias superiores y a los órganos de control evaluar esta situación, a fin de garantizar que la actuación policial en nuestro municipio se ajuste estrictamente a la
Constitución, a las leyes y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El orden público jamás puede preservarse a costa de la violación del Estado derecho.
