¡POR SU BOCA SE AGARRA EL PEZ! Antes de hablar o publicar: la responsabilidad que pesa sobre los funcionarios públicos, autoridades electas así como por políticos partidistas
Todo funcionario, autoridad electa por el voto popular y dirigente de los partidos políticos antes de hablar dar declaraciones en programas de radio y televisión o a la prensa sobre un caso o tema debes ser cuidadoso para que luego no se lamente y este buscando culpables como a ocurrido con algunos en la provincia Montecristi.
POR SANTOS VÁSQUEZ.
En República Dominicana, políticos, funcionarios del gobierno central y autoridades electas por el voto popular tienen un micrófono abierto 24/7. Cada intervención en programas de radio y televisión, cada post en redes sociales y cada mensaje en grupos de WhatsApp se convierte en declaración oficial. El problema es que muchos olvidan que no hablan como ciudadanos comunes. Hablan con el peso de la institución que representan y del cargo que ostentan.
Por eso, antes de escribir o hacer publicaciones, deben pensar y analizar. Una frase dicha “alegre”, sin medir consecuencias, puede provocar crisis institucional, demandas legales, pérdida de confianza y sanciones.
En la era digital declaraciones y expresiones en programas de radio y televisión, un audio de WhatsApp o un tuit se replica en segundos. Lo que se dice en caliente, se queda para siempre. Y cuando el emisor es un ministro, diputado, senador, gobernador alcalde o director, el daño se multiplica.
Las causas del error son claras y repetidas
Falta de filtro y asesoría*: Muchos funcionarios reaccionan en caliente a una noticia o crítica. Responden desde la emoción, no desde el dato. No consultan a su equipo de comunicación ni revisan si la información es correcta.
Confundir tribuna con chat privado*: Un grupo de WhatsApp de dirigentes no es un espacio privado. Una captura de pantalla lo vuelve público. Lo que se dice entre amigos” termina en portada.
Desconocer el alcance del cargo*: La gente no distingue si el funcionario opina como persona o como autoridad. Todo se interpreta como posición oficial del gobierno, del congreso o del ayuntamiento.
Buscar likes y viralidad*: Expresiones alegres, ironías fuertes o acusaciones sin pruebas generan interacción. Pero esa viralidad se cobra caro cuando se afecta la honra de personas o sectores enteros.
Las consecuencias pegan directo a la institución y al cargo
Cuando se cometen errores o se hacen pronunciamientos alegres, el costo no lo paga solo la persona. Lo paga la institución. Una acusación infundada contra un sector productivo puede generar demandas millonarias al Estado. Un comentario despectivo contra una comunidad puede provocar protestas y paralizar proyectos. Una información falsa compartida por un ministro obliga a su ministerio a gastar tiempo y recursos en rectificar, cuando debería estar ejecutando políticas públicas.
Además, la credibilidad se desgasta. Si un alcalde publica datos errados sobre una obra, los munícipes dejan de creerle hasta cuando dice la verdad. Si un diputado insulta en radio a un grupo social, ese sector se convierte en opositor permanente. Y si un funcionario del gobierno central difunde una versión sin verificar, daña la imagen del gobierno completo. El cargo se debilita y gobernar se vuelve más difícil.
Pensar antes de hablar no es censura, es responsabilidad
Analizar antes de publicar no significa callar. Significa verificar datos, medir el impacto, usar un lenguaje respetuoso y recordar que se representa a miles de personas. Un funcionario debe preguntarse: ¿Tengo la información completa? ¿Esta expresión ayuda o divide? ¿Si esto se hace viral, perjudica a mi institución? ¿Estoy dispuesto a sostenerlo ante un tribunal?
Los ciudadanos votan por personas, pero exigen instituciones serias. La democracia se fortalece cuando quienes tienen poder de decisión usan la palabra con prudencia. Porque en política, un error de comunicación puede costar más que una mala gestión: puede costar la confianza pública. Y esa, una vez perdida, cuesta años recuperarla.
