En Montecristi productores Salineros opuestos a imposición de precios en la carga del condimento por el Sindicato de Camioneros
EL TRANSPORTE DE SAL NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CARGA PARA LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES
DE LA REDACCIÓN CENTRAL.
En los últimos meses han surgido debates en torno al costo del transporte de sal desde Montecristi hacia los principales centros de consumo del país. Se trata de una discusión legítima, pues tanto transportistas como comerciantes enfrentan el impacto del aumento de los combustibles, los repuestos, los neumáticos y otros costos operativos. Sin embargo, cualquier solución debe partir de criterios de razonabilidad económica, diálogo y respeto a los derechos de todos los actores involucrados.
Lo primero que debe quedar claro es que los pequeños comerciantes de sal no pueden convertirse en los responsables de resolver problemas financieros particulares de terceros. Quien decide importar un cabezote o una patana realiza una inversión privada que, como toda actividad empresarial, implica riesgos y oportunidades. Antes de efectuar una inversión de esa magnitud corresponde realizar estudios de mercado, análisis de rentabilidad y evaluaciones de riesgo que permitan determinar la viabilidad del negocio. Si posteriormente surgen dificultades económicas, compromisos financieros elevados o problemas de financiamiento, no resulta justo trasladar esas cargas al comercio mediante aumentos excesivos en las tarifas de transporte. Las decisiones empresariales individuales deben ser asumidas por quienes las toman y no por todo un sector productivo que también enfrenta sus propias dificultades. Por otro lado, preocupa la narrativa de que existe un supuesto “pastel” que debe repartirse dentro de la industria salinera. La realidad es muy distinta.
En el comercio de la sal no existe ningún botín, ni privilegios extraordinarios, ni riquezas ocultas que justifiquen ese planteamiento. Lo que existe son productores, comerciantes, transportistas y trabajadores que diariamente realizan enormes esfuerzos para sostener sus operaciones. Incluso durante el reciente incremento en los precios de la sal, los principales beneficiarios fueron aquellos productores y propietarios que mantenían grandes cantidades de inventario almacenado. También obtuvieron ventajas quienes disponían de miles de sacos acumulados y pudieron comercializarlos posteriormente a precios más elevados. Sin embargo, esa situación no representa la realidad de la mayoría de los pequeños comerciantes, quienes continúan enfrentando costos crecientes y márgenes cada vez más reducidos.
En este contexto, cualquier discusión sobre ajustes en las tarifas de transporte debe realizarse mediante mecanismos formales de comunicación y negociación. No puede imponerse unilateralmente una tarifa sin antes escuchar a todos los sectores afectados.
Las decisiones que impactan una cadena productiva tan importante para la economía regional deben ser el resultado del consenso y no de la imposición. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra Constitución garantiza la libertad de empresa, el derecho al trabajo, la libre competencia y la libertad de tránsito. Estos principios existen precisamente para evitar que intereses particulares limiten o condicionen el desarrollo de actividades económicas legítimas. Asimismo, es importante recordar que el comercio de la sal no depende de recursos públicos ni de privilegios estatales.
þ
No se trata de contratos gubernamentales, ni de fondos públicos, ni de actividades financiadas por el Estado. Se trata simplemente de ciudadanos que compran y venden un producto dentro del marco de la legalidad, generando empleos y aportando al desarrollo económico de sus comunidades. Resulta igualmente oportuno señalar que durante años otros sectores productivos han enfrentado dificultades similares sin que ello haya dado lugar a restricciones que afecten la libertad de contratación o la libre circulación de mercancías. Por ello, cualquier intento de presionar a comerciantes o empresarios mediante medidas que obstaculicen el transporte o limiten la capacidad de decisión de quienes contratan servicios de carga constituye un precedente preocupante para la seguridad jurídica y el desarrollo económico. Nadie desconoce el impacto que han tenido los aumentos de los combustibles sobre el sector transporte.
Ese es un hecho real y verificable. Sin embargo, también es cierto que dichos incrementos deben analizarse con objetividad y proporcionalidad. Los ajustes razonables son comprensibles; las tarifas desproporcionadas que afectan la competitividad del sector salinero no lo son. Los pequeños salineros, comerciantes y empresarios de Monte Cristi merecen trabajar en paz, sin presiones indebidas y sin cargas adicionales derivadas de conflictos ajenos a sus actividades. El desarrollo de la región requiere cooperación, diálogo y entendimiento entre todos los sectores, no confrontación. La solución no está en repartirse un supuesto botín que nunca ha existido.
La solución está en construir acuerdos transparentes, respetar la libre empresa, proteger el derecho al trabajo y garantizar que productores, comerciantes y transportistas puedan continuar contribuyendo al crecimiento económico de Monte Cristi y de toda la República Dominicana. El progreso se construye con diálogo, planificación y respeto mutuo; nunca mediante imposiciones que terminan perjudicando a quienes simplemente desean trabajar y producir.
