Senadores y diputados del PRM en provincias priorizan gestiones y solicitudes en instituciones por encima de su rol legislativo, denuncian sectores representativos de la sociedad

POR SANTOS VÁSQUEZ.

Dirigentes comunitarios, representantes de la sociedad civil y analistas políticos cuestionan que senadores y diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en distintas provincias del país hayan relegado su labor legislativa para dedicarse, en gran medida, a tramitar solicitudes de empleos, pensiones, ayudas, asfaltado de calles, nombramientos y otras gestiones puntuales en ministerios, direcciones generales y entidades descentralizadas del Gobierno central.

Del Congreso a las antesalas ministeriales

El rol constitucional de los legisladores es legislar, fiscalizar y representar. Sin embargo, en recorridos por provincias como Santiago, San Cristóbal, La Vega, Azua, Barahona, Duarte, La Altagracia, San Juan y Montecristi, munícipes aseguran que es más frecuente ver a sus senadores y diputados en las oficinas de Obras Públicas, Salud Pública, Educación, INAPA, EDEESTE, EDENORTE, EDESUR, la Lotería Nacional o la Dirección de Pensiones, que en los debates del hemiciclo o en las comisiones permanentes.

Vienen con cartas para que le nombren a alguien, para que le pongan un conten, para que le aprueben una ayuda. Eso está bien, pero ¿y las leyes? ¿Y la fiscalización del presupuesto? Para eso fue que se les eligió”, expresó el presidente de una junta de vecinos en Dajabón.

El factor  partido en el poder

Actores consultados coinciden en que la condición del PRM como partido de Gobierno facilita el acceso de sus legisladores a los despachos. Ministros, directores y encargados regionales, en su mayoría también perremeístas, reciben a los congresistas con prioridad para viabilizar las solicitudes que luego son presentadas en las comunidades como logros de su  gestión.

Usan el poder del Gobierno para hacer política con recursos del Estado. Van al ministerio, resuelven un problema puntual y lo capitalizan en sus redes sociales como si fuera iniciativa propia. Es clientelismo legislativo”, afirmó un politólogo de la UASD.

Impacto en la agenda legislativa

Datos del Observatorio Legislativo de Participación Ciudadana indican que en el período 2024-2025, más del 60% de los proyectos de ley introducidos por senadores y diputados de provincias correspondieron a transferencias, exoneraciones, pensiones graciables y reconocimientos. Las iniciativas de alcance nacional sobre reforma fiscal, seguridad ciudadana, agua, salud o educación muestran menor impulso desde las curules provinciales.

Mientras tanto, comisiones como las de Asuntos Municipales, Desarrollo Fronterizo y Seguridad Social sesionan con quórum reducido porque varios legisladores se encuentran en «gestiones fuera del Congreso»

La mira en 2028

Dirigentes de base del propio PRM admiten, bajo reserva, que muchos congresistas actuales ya trabajan en su repostulación o en saltar a alcaldías, direcciones de distritos y hasta a gobernaciones. Las solicitudes en instituciones les permiten mantener presencia en los municipios, entregar respuestas rápidas y sostener estructuras políticas con miras al próximo proceso electoral.

«El diputado que no resuelve un nombramiento o una ayuda, se quema. La gente no te pregunta cuántas leyes aprobaste, te pregunta qué me conseguiste”, reconoció un alcalde del PRM en de la Línea Noroeste.

Provincias donde más se nota

El fenómeno se reporta con mayor intensidad en demarcaciones donde el PRM controla la senaduría, la mayoría de diputaciones, alcaldías y direcciones de distritos. En esas zonas, la línea entre la labor legislativa y la operación política se desdibuja: inauguraciones de obras del Gobierno son encabezadas por legisladores, operativos médicos del Ministerio de Salud son promovidos como “gestiones del senador”, y la entrega de electrodomésticos del Plan Social es coordinada por equipos de diputados.

Voces que defienden la práctica

Algunos legisladores del PRM consultados defienden su accionar argumentando que “el congresista es el puente entre la comunidad y el Gobierno”. Alegan que si no gestionan, las obras no llegan a sus provincias porque los ministros no conocen la realidad local.

“Nosotros legislamos, pero también resolvemos. Una cosa no quita la otra”, dijo un diputado del PRM de la provincia Valverde.

Reclamo de institucionalidad

Entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana han reiterado que las gestiones particulares no son función del Congreso y que suplantan el rol de gobernadores, alcaldes y directores regionales. Advierten que el uso de la investidura para tramitar favores distorsiona la separación de poderes y alimenta el asistencialismo.

“El país necesita congresistas que estudien el presupuesto, que modifiquen leyes obsoletas, que fiscalicen los contratos. Para pedir una tapa de alcantarilla está el ayuntamiento y el encargado de Obras Públicas en la provincia”, señaló un directivo de FINJUS.

La práctica de legisladores del PRM de volcarse a las gestiones ministeriales, apoyados en su condición de partido en el poder, genera un doble efecto: resuelven problemas puntuales en las comunidades y, al mismo tiempo, desatienden el mandato constitucional de legislar y fiscalizar. A dos años de las elecciones de 2028, la tendencia marca la forma en que se está ejerciendo la representación en las provincias, con el Congreso Nacional convertido, en muchos casos, en una extensión de la oficina de asistencia social del Gobierno central.