EN MONTECRISTI: ES INSOSTENIBLE COMPORTAMIENTO DE UN JUEZ
Por: Edi A. Rojas Guzmán, abogado y comunicador
La situación que enfrentan los abogados en Montecristi es insostenible y ha generado un clamor público que no puede ser ignorado. En la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del juzgado de Primera Instancia, presidido por el Juez de Paz en funciones de Suplente, Edison Rafael Castro Guerra, se han observado comportamientos que distan mucho de lo que se espera de un verdadero árbitro de justicia. Este magistrado, en lugar de mantener un enfoque imparcial y profesional, se dedica a ridiculizar a los abogados con expresiones inapropiadas durante las audiencias.
Además, sus decisiones parecen alejarse de los principios establecidos en la normativa procesal, presentando sentencias contradictorias y exigiendo documentos que no tienen relación con lo que establece la ley. Un claro ejemplo de esto es su manejo de las solicitudes de desconstitución de Bienes de Familia, donde se han visto afectados numerosos ciudadanos que no pueden acceder a financiamientos bancarios debido a su exigente y desproporcionada interpretación de la normativa.
La situación se complica aún más por el miedo que sienten muchos abogados a denunciar estas irregularidades, temiendo represalias por parte del juez. Este ambiente de temor no solo afecta a los profesionales del derecho, sino que también impacta a los ciudadanos que buscan justicia y soluciones a sus problemas. La acumulación de expedientes en estado de fallo en la Cámara Civil es evidencia de una grave crisis en la administración de justicia en la provincia Montecristi.
Por ello, hacemos un llamado urgente a la Magistrada Arlenis Miguelina Cabral Then, Presidenta de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, para que tome en serio estas denuncias. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en el sistema judicial, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia imparcial y efectiva. La integridad del sistema judicial depende de la capacidad de sus actores para actuar con justicia y equidad, y es imperativo que se actúe en consecuencia.
