LA PRISIÓN PREVENTIVA DEBES SER DISCRIMINATORIA?
POR SANTIAGO RAFAEL CABA ABREU.
Algunos comunicadores o periodistas han asumido el papel de defensa de los ex funcionarios imputados en el proceso penal que sigue el PEPCA en el caso CALAMAR, cuya pretensión en el fondo es lograr persuadir a la opinión pública de la idoneidad de que, el (la) juez apoderado (a) de la solicitud de medida de coerción, no imponga a éstos la prisión preventiva.
Al ver la línea de la investigación abierta en el caso que nos ocupa, pienso que, dentro del ejercicio del derecho a comunicar, informar y expresar libremente sus ideas, los hacedores de ella cumplen con su papel. Lo pecaminoso, desproporcional e irracional es no dar la misma opinión o comunicar las mismas preocupaciones cuando el imputado es un hijo de Machepa.
Pienso que lo que pasa es que los hijos de Machepa roban «caballaitas», disparates o «insignificancia», pero matan, violan o golpean en sus actos, porque les roban a las personas individualmente, no al Estado, y éste no tiene dolientes o a quienes les puede doler son muy pobres y sus voces se sumerge en lo más bajo de la sociedad.
Un poeta, amigo mío, escribió un libro de poesía que titulo «cantando desde abajo», el cual al ser objeto de la crítica literaria de entonces, fue definido cómo que «el autor había cantando tan desde abajo que el libro no valía la tinta que se había invertido para escribirlo».
El relato del caso CALAMAR parece que identifica el valor de los que sus voces no alcanzan la atención de los que tienen voz. Esos periodistas o comunicadores parecen comprometidos con el fraude, el dolo, la malversacion y la corrupcion en el manejo de los fondos públicos en RD, y solo atienden al frasco del perfume, no a su esencia.
Pero esa opinión sesgada produce un criterio de opinión discriminatorio, que conculca el principio de igualdad, que omite o se calla frente al poderoso, puesto que esa es la clase que siempre tendrá arraigo económico, familiar y social, lo cual les permite fijar presupuestos para evitar, no importa la gravedad de los hechos, la imposición de la medida de coerción de prisión preventiva.
No imponer la prisión preventiva a los imputados del caso CALAMAR sería una discriminación grosera en perjuicio de todos los imputados que diariamente son presentados en todo el territorio judicial, obviando el principio de predictividad jurídica, de razonabilidad y proporcionalidad, produciendo el amontonamiento de seres humanos en las distintas cárceles del país, porque no son ladrones de alta alcurnia, no desfalcaron al Estado, no presentan arraigo económico, familiar o social.